Aunque suma al mal humor social, sería raro que esa minoría intensa de la clase media que protestó a cacerolazo limpio contra "la dictadura de Cristina", "la cadena nacional", "el cepo al dólar" y "la inseguridad", vote junto al Partido Obrero, el Partido Comunista Revolucionario, Barrios de Pie, la CTA de Pablo Micheli (que luego de la movilización viajó a New York para apoyar a la CGT de Haití) o los camioneros de Hugo Moyano. Alguno que otro quizá reconozca por su cara a Eduardo Buzzi, de los días de la 125, pero así y todo no es la Federación Agraria la que acumula cuando los chacareros se enfrentan al gobierno sino la Sociedad Rural, que apoya a otro tipo de partidos y candidatos.
Fracasó, entonces, la intención del sindicalismo antikirchnerista de seducir a los participantes del cacerolazo. Es imposible cortejar a esa franja de la clase media con 16 cortes de accesos a la Capital Federal. No son las tribunas vociferantes y tumultuosas que pretenden correr por izquierda al kirchnerismo las que encandilan al cacerolero promedio. Podrá Hugo Moyano ir a TN, jurar una y mil veces que se equivocó con Clarín, indultar al grupo que le atribuyó el crimen de Abel Beroiz y decir que Cristina es la encarnación misma de la soberbia, pero esa parte de la clase media –no toda– que dice odiar "a los K", también odia los piquetes, los bombos en la calle y al propio Moyano, haga lo que haga para congraciarse con ella.
El universo opositor, en realidad, es un archipiélago de referencias inconexas, apenas vertebradas por la semántica impolítica que surge del diccionario de guerra de Héctor Magnetto. No hay liderazgo político aglutinador. Y no existe, por el momento, un antikirchnerismo lúcido que pueda sustraerse de la agenda hegemónica y dedicarse a construir una alternativa de verdad. Las luminarias televisivas, lejos de aclararles el escenario, refuerzan el vedettismo de sus líderes, que a su vez asisten fascinados a la reproducción de sus frases escandalosas como titulares de los diarios que pretenden ver al gobierno –elegido hace un año en las urnas– arrodillado ante sus tapas. Es tan mezquina la propuesta, tan hecha a imagen y semejanza de las necesidades de las cuatro familias que controlan Clarín, que ni siquiera de los errores del propio oficialismo pueden sacar alguna tajada.
Cuando Víctor de Gennaro o Margarita Stolbizer –por citar a dos referentes antikirchneristas que provienen del progresismo–, en el medio del amotinamiento de dos fuerzas de seguridad militarizadas, como lo son Prefectura y Gendarmería, dicen que los sublevados tienen razón y que deberían sindicalizarse, están respondiendo a una lógica del vale todo, como si a ellos también se les estuviese acabando el tiempo, de acá al 7D. Esto no quiere decir que prefectos y gendarmes no deban ganar más, tampoco que haya que descartar su agremiación y, mucho menos, que De Gennaro y Stolbizer no puedan opinar lo que les venga en gana. Pero el planteo que hicieron, cuando los amotinados reclamaban con armas en la mano y con la cadena de mandos rota, fue inoportuno. Y muy peligroso. En democracia, eso sería pegar por debajo del cinturón. La sociedad, la que se reconoce como kirchnerista y la que no, quiere ver a gendarmes y prefectos en las calles velando por su seguridad, y no desafiando a las instituciones. Las declaraciones de Stolbizer y De Gennaro no se originaron en ningún reclamo social. Obedecieron al contagio viral del estado de emoción violenta que envuelve a los accionistas de Clarín y La Nación, cuya cobertura de los acontecimientos, a cualquiera que tenga un poco de memoria, le produjo escalofríos. Fue interesante ver cómo operaron ambos diarios ante la protesta de los uniformados. Ya no eran los gendarmes del "Proyecto X" que cazaban opositores o reprimían obreros en Panamericana. De la noche a la mañana, se convirtieron en asalariados explotados salidos de algún libro de Émile Zola, merecedores de un gobierno sensible a sus agobios y padecimientos. No importó la ley, ni la cadena de mandos, ni la defensa de las instituciones: lo relevante pasó a ser el petitorio de los insubordinados. El trabajo de vocería fue evidente. El recuerdo de los sucesos de Ecuador, con Rafael Correa sitiado por policías insurrectos, una amenaza real.
En este contexto, donde cualquier excusa para acorralar a Cristina Kirchner es amplificada por los grupos concentrados de la comunicación, hay que asumir que el error del gobierno –la mala liquidación de los sueldos– fue gravísimo. Porque los afectados eran nada menos que 30 mil hombres armados. Lo subsanó con bastante rapidez, es cierto. En pocos días removió a las cúpulas, repuso el faltante salarial, denunció a jueces y abogados ligados a la industria del juicio, aceptó la renuncia del hermano de la ministra de Seguridad, aisló a los grupos de agitadores por derecha que trabajan para extender la rebelión a otras fuerzas y consiguió que la protesta cediera sin escenas represivas ni situaciones de violencia.
Conviene recordar el discurso de Cristina en la Casa Rosada, aquel en el que dijo que sus funcionarios debían temerle a Dios y un "poquito" a ella. Hay áreas de la gestión donde la sintonía fina marcha y otras en las que crujen los engranajes. Todo esto pudo haberse evitado y no se hizo, como si hubiera mayor facilidad para ser bomberos que para neutralizar a los piromaníacos propios. En fin, ahora se comprende un poco mejor qué quiso decir la presidenta aquella tarde, desde el salón Mujeres Argentinas.
En el medio de la crisis, estalló otra no menos ruidosa y preocupante. La Cámara Federal en lo Civil y Comercial, bajo la influencia del consejero Ricardo Recondo (ex funcionario radical), designó a Raúl Tettamanti, un juez jubilado, como subrogante en el juzgado donde Clarín tiene la cautelar por el artículo 161, que vence el 7D. Previamente, en el Consejo de la Magistratura, a instancias del mismo Recondo y con la anuencia del también radical Oscar Aguad, la oposición trabó el nombramiento constitucional de los jueces para cubrir las vacantes de ese fuero, donde existen once juzgados, de los cuales cinco no tienen juez titular, entre ellos, el 1, donde tramita el expediente Clarín. El oficialismo denunció que todo era parte de una maniobra para beneficiar a Héctor Magnetto y, finalmente, Tettamanti renunció aduciendo "violencia moral".
Pero es casi una burla al sentido común que, para una causa tan trascendente, donde el Poder Ejecutivo batalla contra una corporación que se resiste a adecuarse a la ley hace ya tres años, sea la discrecionalidad de una Cámara y no el Consejo de la Magistratura, órgano democrático para la elección de los jueces de la república, el que designe al magistrado que va a decidir sobre la constitucionalidad de un artículo clave de la Ley de Medios. Al oficialismo, por ahora, no le da el número.
Diez días antes, el radical Aguad había dado su apoyo a los candidatos que concursaban, pero luego de una difusa denuncia por "oficialista" contra la candidata María Lorena Gagliardi, decidió no acompañar el proceso de designación. Por lo tanto, cinco de los once juzgados que componen el fuero siguen sin tener jueces titulares. Ahora la Cámara propone que estos sean ocupados por subrogantes surgidos de un sorteo entre los otros seis jueces titulares restantes, todos ellos atiborrados de expedientes, que se acumulan por decenas de miles en un fuero bastante moroso.
Van algunas preguntas sobre el caso. ¿Por qué un juez suplente surgido de una lotería sería mejor que el nombrado por el Consejo de la Magistratura, con los mecanismos y garantías que la Constitución prevé? Luego de 29 años de democracia, ¿puede ser causal de desaprobación para ejercer como juez el vínculo político o las inclinaciones ideológicas de un candidato, si cumple con los requisitos técnicos para el cargo? Siempre que sean democráticas, las ideas no pueden ser motivo de proscripción. Hay mucho de hipocresía en esta historia, sobre todo porque los impugnadores tienen militancia partidaria reconocida. Claro, en la oposición.
Entre tanto, la presidenta retomó la cadena nacional. Fue para ratificar el rumbo antimonopólico en materia de comunicación, a tres años de la sanción de la Ley de Medios, precedida por el discurso de Martín Sabbatella, quien enumeró los avances y los asuntos pendientes de cara al 7D. La figura de Sabbatella arrima oxígeno a la llama de esta pelea. Es importante su designación. Es un cuadro valioso. Puede unir hechos con palabras. Nada menos.
Hubo cadena nacional, decíamos. Y, esta vez, no hubo cacerolazos.
Es tanto el vértigo político que vive el país, que el 19S parece haber pasado hace un año. Es probable que las escenas de desmadre de prefectos y gendarmes, profusamente difundidas por los medios hegemónicos, contrariamente al resultado buscado por ellos, haya tenido un efecto disuasivo sobre la parte más irritable de la clase media antikirchnerista. Es una hipótesis. Al fin de cuentas, son imágenes que evocan lo peor de nuestro pasado reciente. ¿Se habrán dado cuenta de que una cosa es hacer catarsis colectiva y otra empujar alegremente hacia el abismo?
Tal vez, uno nunca sabe.
Fuente: Tiempo Argentino, Por Roberto Caballero
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