POLÍTICA › En Foco ›En sus casi diarias apariciones ante los micrófonos, Cristina Fernández de Kirchner marca la línea del discurso oficial. Ese ejercicio, fatigante, no es el único aspecto que cuida al detalle: en un esquema de orden cerrado, nada que se diga como mensaje oficial es decidido sin respetar el foco de Olivos. Es un indicador preciso, que no puede ser desatendido, pero también un paraguas para todos sus integrantes. De ese modo, opera a la vez como guía a cumplir y como mecanismo de convalidación. Amado Boudou, rústico en el uso de la palabra, sabe leer el sentido: se pone al amparo de la nueva carga presidencial contra los medios no alineados con el Gobierno y, de ese modo, se siente avalado frente al escandaloso caso Ciccone. Sus declaraciones desafiantes, de todos modos, no logran ocultar la densidad de una causa que aporta, mucho, al malestar evidente del círculo más próximo al poder.
El oficialismo ha ensayado hasta ahora fórmulas de doble discurso frente a la situación de su vicepresidente. Por un lado, deja trascender –lo sigue haciendo– el enojo de influyentes integrantes del entorno presidencial. El mensaje es que, más allá del desenlace de esta historia, la situación de Boudou ya no será la misma. En esa lectura, se tacharía así de la lista a un competidor interno, aunque la última palabra la tiene la Presidenta, cuyo discurso al mismo tiempo es útil a la contraofensiva del vice.
Cristina Fernández de Kirchner volvió a embestir contra algunos medios y estigmatizó a periodistas, en la búsqueda de confrontaciones que corran de la escena el caso Boudou o la tragedia de Once, y que le permitan concentrar esfuerzos en temas que tienen que ver con la economía cotidiana, desde los subsidios hasta la presión sobre las negociaciones paritarias. Es en ese creciente contexto de tensiones que el vice salió del silencio y sumó descalificaciones para cuidar sus espaldas: habló entonces de conspiraciones y de actitudes mafiosas en su contra, una proyección personal sobre un libreto repetido.
Pero el sistema de convalidación del discurso funciona bastante más allá de los problemas de Boudou. La última secuencia de protestas de organizaciones sociales y políticas no kirchneristas llevó a la ministra Nilda Garré a avanzar sobre los peores terrenos de la política.
Garré hizo acusaciones graves y también confeccionó listas de señalados. Calificó a las últimas protestas de piqueteros como “desestabilizantes” y, más aún, sostuvo que representan una “extorsión”. No son calificativos al voleo: el eco remite a la ley antiterrorista, una norma con intencionados márgenes de ambigüedad para proyectar sombras condenatorias que, de mínima, podrían funcionar como elemento intimidante.
Por supuesto, ya en el momento del debate parlamentario, el kirchnerismo rechazó que se pudieran imaginar actitudes represivas de este gobierno. La garantía de una ley es la propia ley, no una gestión. Pero, además, los episodios represivos no son ajenos al kirchnerismo: se registaron en escala nacional; se produjeron con intervención de gobiernos provinciales aliados y, también, con el recurso de grupos oficialistas que se movilizan, incluso violentamente, contra protestas de signo crítico hacia la gestión K.
Garré, que incluyó en su baldazo a dirigentes de varios partidos, entre ellos a Hermes Binner y Pino Solanas, colocó la protesta casi fuera de ley. Algo similar ocurre cuando desde el máximo nivel del Gobierno se califica a periodistas como nazis. Los límites se corren de manera inquietante.
En ese barro, Boudou monta su discurso descalificante. Es su juego, elemental, para seguir a resguardo político.
Fuente: http://www.clarin.com/
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