El 10 de noviembre de 1976 Jorge Rafael Videla afirmó que la prensa argentina estaba actuando con “plena responsabilidad” y “seriedad”, desempeñándose de manera “leal y objetiva”. Esta declaración contenía una implícita referencia a la autocensura que en general los medios escritos -y, en particular, los grandes diarios nacionales- estaban ejerciendo sobre su propia tarea, que los llevaba a omitir de manera deliberada toda información sobre la represión clandestina, las enconadas luchas interfuerzas y en general sobre cualquier noticia que pusiera en riesgo la estrategia de desinformación que se implementaba desde el Estado.
Desde el golpe, la dictadura había ejercido la censura a través de diferentes mecanismos, que iban desde la aplicación de leyes heredadas de la administración peronista hasta la utilización de recursos informales: comunicados, memorandos, “advertencias, “listas negras”, etcétera.
El apoyo inicial de los principales medios de prensa hacia los militares, cuya intervención se estaba anunciando (y en ocasiones reclamando) desde hacía varios meses, respondía a diversas razones convergentes: la coincidencia ideológica, que los llevaba a querer terminar con el “desborde populista”; la posibilidad de un reencauzamiento económico e institucional del país; la promesa de la Junta Militar de restaurar el orden, eran algunas de ellas. Por supuesto, también existieron manifestaciones abiertamente apologéticas impulsadas desde posiciones antidemocráticas, que reclamaban una dictadura que fuera todavía más lejos de los objetivos declarados del “Proceso”.
Luego del alineamiento inicial con el régimen, la política editorial de los medios de prensa no fue homogénea. Muy pronto se hizo evidente, para todos, la contradicción entre los objetivos proclamados por el gobierno militar, que eran apoyados, y la práctica concreta, signada por métodos criminales y disputas facciosas. Si bien se aceptaba la posición de las Fuerzas Armadas respecto de la existencia de un “tiempo de guerra”, a la vez reivindicaban el ejercicio de la “libertad de prensa”. Además, la política económica implementada por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz fue objeto de un cuestionamiento creciente, al tratarse de un tema en el que la censura gubernamental fue relativamente más laxa.
Después de los primeros años, cada medio se fue posicionando frente a la dictadura a partir del entrecruzamiento de diversas variables: sus convicciones ideológicas, sus vinculaciones políticas previas, sus intereses empresariales, y la necesidad de renovar el contrato de lectura con su público fueron algunas de ellas.
Hacia fines de 1978 comenzó un proceso de pérdida de capital político por parte de la dictadura: por un lado, fracasó en su intento de recrear las bases de legitimación que habían dado sustento al golpe militar; por el otro, su apuesta incondicional al plan económico de Martínez de Hoz -que experimentó graves dificultades a partir de 1980- condujo a cuestionamientos crecientes por parte de la mayoría de los sectores de la vida nacional.
Los medios acompañaron este proceso renovando en general su apoyo a las Fuerzas Armadas pero llamando la atención sobre determinadas cuestiones. Además de los problemas económicos, se objetaba la demora en iniciar un serio “diálogo político”, en tanto el objetivo proclamado del Proceso era instaurar una democracia “sólida”, y también se reclamaban explicaciones respecto de la situación de los desaparecidos y otros aspectos vinculados con la violación de los derechos humanos (aunque se seguía en general defendiendo lo actuado en la “guerra contra la subversión”). En este terreno, cada medio se comportó de manera diferenciada, pero sin colocarse, por lo menos hasta junio de 1982, en una abierta oposición a la dictadura.
En efecto, fue la derrota en Malvinas el punto de inflexión en la vida política del país, en tanto los militares comenzaron el proceso de entrega del poder en medio de múltiples demandas de la sociedad civil, y los medios de prensa definitivamente tomaron distancia respecto de la dictadura reclamando el retorno de la democracia, a cuyo hundimiento en marzo de 1976, sin duda habían contribuido de manera significativa.
Fuente: Revista Debate
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