Impedir el corte de la autopista. Esa fue la orden para que un centenar de oficiales de la Policía Metropolitana reprimiera en forma salvaje un reclamo social. Los vecinos de la Villa 31 exigían que el gobierno de la Ciudad amplíe el otorgamiento de un subsidio habitacional de 900 pesos por familia y regularice los pagos, cuyos atrasos superan los tres meses. El amplio operativo desplegado terminó con 12 heridos y el arresto de una familia que, al cierre de esta edición, recuperaba la libertad.
Según el relato de los vecinos, los incidentes comenzaron cerca de las 9 de la mañana cuando un grupo nutrido se aprestaba a cortar ambas manos de la Autopista Illia. El plan de lucha había comenzado durante la tarde del lunes y algunos de los manifestantes, incluso, durmieron a la vera del camino. “No llegamos a cortar la autopista cuando rompieron el alambrado y entraron al barrio a reprimir”, contó a Tiempo Argentino Silvia, una de las vecinas, y agregó: “Eran unos 100 oficiales uniformados.” La protesta era en reclamo de que se amplíe a 250 familias un subsidio habitacional que se paga desde 2010 a 138 beneficiarios. Piden, además, que el gobierno porteño regularice el pago, atrasado desde hace tres meses, o que les solucionen su problema de vivienda. Cabe destacar que la Villa 31 y 31 bis atraviesa un proceso de urbanización ordenado por la Ley 3343. Sin embargo, Julián, uno de los vecinos, contó que “en diciembre se votó el dictamen, se cerró la mesa de discusión y echaron a los delegados que habíamos votado”.
En respuesta a la represión, el piquete se trasladó a la intersección de la Avenida Ramón Carrillo y la Calle 12. Los vecinos volvieron a ser desalojados en forma violenta cerca del mediodía luego de un enfrentamiento en el que respondieron a piedrazos contra la Policía Metropolitana. El comisionado general de la Metropolitana, Daniel Galdame, explicó: “Habían cortado la avenida (Castillo) y convinimos con los habitantes de la villa que dejaran un carril libre; así lo hicieron, pero, al no llegar a un acuerdo por los subsidios, cortaron nuevamente; se los invitó a que dejaran de hacerlo, no lo hicieron y entonces se procedió a desalojarlos.” Más tarde confirmó las tres detenciones. Galdame fue identificado por testigos que el 20 de diciembre de 2001 lo habrían visto bajar de un auto y disparar contra Alberto Manuel Márquez, una de las víctimas del “Argentinazo”, en la Avenida 9 de Julio entre Sarmiento y Perón. El entonces oficial de la Policía Federal Argentina fue beneficiado con la falta de mérito dos meses después de los hechos, aunque la causa sigue abierta. La defensora del Pueblo, Alicia Pierini, impugnó su nombramiento en 2011 y recibió como respuesta de la Fuerza que sería puesto en observación.
Los arrestos fueron contra Alejandro Villegas, Rosana Palacios y su hija, Silvia, de 17 años. La triple detención fue frente a las cámaras de televisión y a los oficiales no les importó que Rosana es discapacitada auditiva ni que el hijo de ambos, Lucas, de once años, estuvo sólo mientras duró el cautiverio en el Precinto 12, de Ramallo y Donado.
Los vecinos sindicaron a Alejo Maxit, director general de Desarrollo y Cambio Organizacional en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como al responsable de las promesas no cumplidas. Según el relato, Maxit prometió soluciones hace una semana y pidió una lista con los datos de los potenciales beneficiarios. No obstante, y ante la ausencia de funcionarios porteños que ayuden a destrabar el conflicto, la mediación corrió por cuenta de Lorena Castro Feijóo, defensora número tres en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad. La mujer confeccionó la lista de los beneficiarios y acordó con los vecinos que levanten la protesta y que el conflicto habitacional se iba a judicializar al presentarse hoy un recurso de amparo ante la jueza Elena Liberatori. “En el amparo se pedirá a la Ciudad que pague subsidios a 250 familias, y que incluye los subsidios que dejaron de cobrar las 138 del año pasado. Si el amparo es favorable el gobierno porteño, tendrá que pagar este beneficio bajo pena de una sanción administrativa”, dijo Castro Feijoo.
Fuente: Tiempo Argentino
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