Desde que se dejó de usar el Programa de Asistencia Financiera (PAF), las provincias entraron en dos negociaciones con el Gobierno nacional. La primera, el refinanciamiento de la deuda que las jurisdicciones provinciales tienen con Nación, y la segunda, un compromiso de asistencia que permita cerrar los presupuestos provinciales a partir de recursos extra enviados desde el Ejecutivo central.
En el primer caso no hubo inconvenientes este año, y Nación volvió a patear para adelante los compromisos que con ella debían cumplir las provincias durante 2012. Significa para el gobierno de Daniel Scioli un ahorro de 3.200 millones de pesos.
El problema es que este año no se charló un monto determinado de asistencia por fuera de esa postergación de pagos y por fuera de los recursos coparticipables. Hasta ahora, antes del comienzo del ejercicio venidero (es decir, en diciembre) los ministros de Economía provinciales se juntaban con los responsables de la cartera de Hacienda nacional y acordaban el monto. Unos decían lo que iban a necesitar y los funcionarios nacionales se comprometían a una cantidad que, si después no se giraba, era reclamada por las provincias y cumplida por Nación.
Ese compromiso no se asumió en 2012. En rigor, Economía nacional avisó que sería un año difícil, y que esas partidas extra se verían “día a día”. Eso mismo replica la administración bonaerense a los municipios. Es decir que para que Buenos Aires no quede ahogada depende de la buena voluntad de la Casa Rosada.
En principio, la Provincia necesita una asistencia por esa vía de unos 4.000 millones de pesos, que serían 4.000 o 4.500 más si no logra salir al mercado internacional a colocar un bono por 1.000 millones de dólares ya pautado en el Presupuesto.
En el primer trimestre del año el gobierno bonaerense cerró sus ejercicios mensuales exprimiendo al máximo los recursos propios. Sólo necesitó de un salvavidas pequeño en marzo. Los problemas serán más adelante, si Nación no realiza ese aporte.
En julio deberá afrontar un aguinaldo engrosado por la nueva pauta salarial y, quizá, sin los efectos de la nueva ley Tributaria con los aumentos y exclusión de exenciones
Fuente: La Tecla
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