Comienzan las declaraciones por el secuestro de la familia Papaleo- Graiver

Los testimonios de quienes permanecieron secuestrados en el centro clandestino de detención conocido como Puesto Vasco, que durante la última dictadura militar funcionó bajo la órbita de la Policía Bonaerense en las instalaciones de la subcomisaría de Don Bosco en el partido de Quilmes, comenzarán a conocerse desde mañana. Lidia Papaleo, privada ilegalmente de su libertad en ese centro clandestino entre el 14 de marzo y el 4 de abril de 1977, forma parte de la lista de quienes brindarán su testimonio sobre el horror en un centro clave del denominado Circuito Camps. Otro de los testigos citados para mañana es Rafael Ianover, quien fuera vicepresidente y accionista de Papel Prensa SA, cuando aún pertenecía al grupo empresario de David Graiver, el entonces recientemente fallecido esposo de Papaleo.
El Tribunal 1 no investiga la apropiación de Papel Prensa, que se concretó en noviembre de 1976, pero sí los delitos cometidos en Puesto Vasco, donde la mujer estuvo detenida junto a Ianover; su hermano Osvaldo Papaleo; Isidoro Graiver, hermano de su difunto esposo; y otros integrantes del clan empresarial. En ese centro, también permanecieron secuestrados Edgardo Sajón, ejecutivo de La Opinión y ex secretario de prensa de Lanusse; Jacobo Timerman; y Rafael Perrota, ex director de El Cronista Comercial.
“Puesto Vasco es el lugar al que fueron llevados varios empresarios con la excusa de sus vínculos con organizaciones armadas, sobre todo con Montoneros”, explicó la abogada querellante Guadalupe Godoy. Al referirse al accionar de la patota policial, señaló que el objetivo que perseguían era “recaudar para los proyectos políticos que tenían”. “Es decir, fundamentalmente con un fin de saqueo”, puntualizó.
Entre quienes comandaban la picana y el horror en Puesto Vasco se encontraban los impulsores del denominado Grupo La Plata. En su investigación sobre la participación del aún sacerdote Christian Von Wernich en la represión, el periodista Hernán Brienza los caracteriza como “el sector más inflexible y cavernario”. En esas filas se acuñó la figura de Jaime Lamont Smart, convertido en el primer civil que enfrenta acusaciones como represor en esta causa, donde llevará adelante su propia defensa. Según Brienza, el objetivo de este sector había sido catapultar a Ibérico Saint Jean a la presidencia de facto, pero debieron conformarse con el gobierno bonaerense.
Hoy, quien entonces asumió las riendas del poder estatal en la provincia se encuentra imputado junto a los represores Rodolfo Aníbal Campos, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Eros Tarela, Norberto Cozzani, Roberto Cabrera, Sergio Verduri y Jorge Bergés, por los crímenes cometidos en Puesto Vasco. Algunos de ellos ya habían sido señalados por los hermanos Osvaldo y Lidia Papaleo como quienes los sometieron a las intensas jornadas de tortura durante sus detenciones clandestinas.
“Hay casos en los que dentro del centro clandestino concurrieron escribanos para que se firmara la entrega de los bienes”, adelantó Godoy. La afirmación hace eje en el caso de los hermanos Alejandro, Rodolfo y Carlos Iaccarino, empresarios lácteos que permanecieron privados de su libertad en Puesto Vasco y fueron obligados a ceder sus campos y un avión ejecutivo.
Pero el saqueo no fue el único objeto de este centro clandestino. Allí también permanecieron secuestrados funcionarios de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Victorio Calabró.
Alberto Liberman, quien ocupó el cargo de ministro de Obras Públicas de la provincia entre 1974 y 1976, será uno de los primeros en relatar las condiciones de detención. En el año 2000, en el marco del Juicio por la Verdad en La Plata, Héctor Ballent, otro de los ex funcionarios que pasó por Puesto Vasco, recordó que Liberman “pagó doble precio: por ser funcionario y por ser judío”.
El otro testimonio previsto es el de Juan Destéfano, ex secretario general de la Gobernación de Calabró, quien en reiteradas oportunidades sostuvo que este los traicionó cuando negoció con los militares.
Así como Puesto Vasco, el centro clandestino conocido como COTI Martínez también tuvo la singularidad de haber sido utilizado para la represión ilegal de ex funcionarios de gobierno y empresarios, en el marco de lo que los propios represores denominaron “actividades de subversión económica”. En esta etapa del juicio oral, los imputados deberán responder por los delitos cometidos contra 70 personas que permanecieron privadas de su libertad en indignas condiciones y sometidas a torturas en estas dependencias policiales. <

Fuente: Tiempo Argentino