Las negociaciones nunca llegaron a encauzarse en las últimas 48 horas, y el paro en las seis líneas de subterráneo y el Premetro se extenderá al menos por un día más. Así lo decidieron anoche los metrodelegados nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), que realizaron asambleas durante toda la tarde, tras no recibir ningún contacto formal durante el fin de semana de ningún funcionario de primera línea del gobierno de la Ciudad o de la empresa Metrovías que permita destrabar el conflicto por la falta de acuerdo paritario. Ahora se abre una nueva instancia en la justicia, a raíz del amparo presentado en el fuero Contencioso Administrativo por la legisladora porteña del Frente para la Victoria (FPV), María José Lubertino. La jueza Laura Barreiro convocó para hoy a las 13 a los representantes sindicales –incluida la Unión Tranviaria Automotor (UTA)–, a varios funcionarios porteños, entre ellos al jefe de gobierno, Mauricio Macri; al titular de la empresa concesionaria y al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
"Relegamos durante seis meses nuestros intereses para que una empresa multimillonaria que todos sabemos que tuvo hiperganancias, junto a los verdaderos dueños del subte, decidan de una vez por todas resolver el tema de nuestras paritarias", indicó ayer el secretario gremial de la AGTSyP Roberto Pianelli al comienzo de la conferencia de prensa para anunciar la continuidad de la medida de fuerza. Las referencias iban apuntadas a la concesionaria y a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), ente de la administración macrista a cargo del subte. "No nos dejan otra alternativa que realizar una nueva medida de autodefensa, para ver si en el momento en el que la Ciudad sea un caos, entienden y podemos terminar con esta novela", advirtió el gremialista. Además, sostuvo que en las últimas horas no hubo contactos para resolver el reclamo salarial. En mayo, tras un paro de 36 horas, Metrovías y los trabajadores llegaron a una tregua, luego de que se les ofreciera una suma no remunerativa de entre 900 y 1200 pesos según categoría, y formulara la promesa de retomar las paritarias en agosto.
"Parece que prefirieron irse a su countries en lugar de quedarse en la Ciudad a resolver el problema", disparó Pianelli, que le apuntó directamente a Juan Pablo Piccardo, titular de SBASE. "Aún no ha emitido opinión cuando su patrimonio, que es de todos los porteños, se está derrumbando", dijo. "¿Cómo puede ser un Estado que no se hace cargo de algo que es propio? ¿Qué rol juega SBASE y para qué está en manos de la Ciudad si en realidad no hace nada?", cuestionaron los metrodelegados al macrismo. También señalaron que no creen los argumentos de la empresa, a quien apuntaron como sus verdaderos interlocutores a la hora de resolver temas laborales. "Haremos asamblea y mañana (por hoy) comunicaremos cómo sigue (el conflicto). No vamos a retroceder ni un centímetro", afirmó Néstor Segovia, otro de los delegados. Además, reiteró el reclamo por un recomposición salarial del 28% y mejores condiciones de trabajo. A su vez, anticiparon que concurrirán a la convocatoria judicial. Lo mismo prometió hacer Metrovías. Ninguna autoridad del gobierno porteño se pronunció sobre su presencia.
Desde la concesionaria replicaron que no están en condiciones de abrir en este contexto una discusión paritaria. Sostuvieron que hoy existe una deuda por subsidios de más de 200 millones de pesos. "La situación económica de la empresa es más que complicada", indicaron al señalar que el esquema de aportes de subsidios cambió a partir de la firma del acta-acuerdo firmada en enero que el gobierno porteño desconoció más tarde. Metrovías recibía a diciembre del año pasado 60 millones de pesos por mes en concepto de subsidios, pero, con el inicio del traspaso, la Nación comenzó a aportar la mitad del subsidio a la tarifa, con el compromiso de que la otra mitad fuera aportada por la Ciudad. De esos 30 millones, 14 le llegan a la empresa de manera directa, pero 16 quedan depositados en una cuenta fiduciaria en el Banco Nación a nombre de la Ciudad. Cuando, el 29 de febrero, Macri decide levantarse de la mesa del traspaso, esos fondos quedaron bloqueados y se siguen acumulando mes a mes. Además, un cálculo apresurado del Ejecutivo porteño para cubrir su porción del subsidio, que se tradujo en la modificación unilateral de la tarifa –que llevó el boleto de 1,10 a 2,50 pesos– dio como resultado una baja del 20% en los pasajeros, unos 200 mil por mes. Con lo que perdió por venta de pasajes, la empresa denunció una baja total de casi 15 millones de pesos, que se suman a los fondos que no destraba la Ciudad. La concesionaria afirmó que, en este contexto, las 20 formaciones sacadas de circulación tampoco están en proceso de ser reparadas por falta de recursos. "Estamos abiertos al diálogo pero la problemática es la falta de previsibilidad de fondos", comunicaron formalmente desde Metrovías, que desmintió que hoy esté analizando dejar la concesión.
Además de Macri y De Vido están convocados hoy al juzgado de Barreiro el mismo Pianelli, Roberto Fernández –secretario general de la UTA–, Piccardo, Guillermo Dietrich (subsecretario de Transporte porteño), y el presidente de Metrovías, Alberto Berra. Tiempo Argentino intentó sin éxito comunicarse anoche con Piccardo para conocer cuál iba a ser la postura de la administración que conduce Macri. «
Fuente: Tiempo Argentino
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