Una política para los intereses populares

Cuando se trata de encuestas de intención de voto en épocas no electorales, los sociólogos deberían explicarle al público que esos estudios tienen la relatividad que podría tener, por ejemplo, preguntar por gustos de ropa de invierno en un fin de año caluroso. En cambio, cuando las preguntas apuntan a indagar sobre identidad política la cosa se pone más interesante porque se supone que, con un muestreo representativo, es posible saber con quién se identifica cada quién. La identidad es una trama compleja de valores, recuerdos, expectativas pero también de pertenencia a grupos económicos y sociales con intereses concretos. Dado que termina un año que estuvo cargado de política y con escenarios discursivos frontales y con ausencia de matices, vale la pena indagar sobre la relación que hay entre la pertenencia política y la capacidad de esas fuerzas partidarias y la defensa de los intereses reales de quienes se identifican con ciertas expresiones partidarias. Para que nadie crea que este es un ejercicio académico, quien escribe estas líneas cree que 2012 fue un año complicado en términos de avance de los intereses primarios de los sectores más postergados.
Complicado al punto tal que es difícil saber cuánto se chupa la inflación y cuánto se necesita para poder cubrir las necesidades básicas. No complicado en términos de retroceso pero sí de grados de incertidumbre respecto de dónde están parados los asalariados y los excluidos, pero también amplios sectores de las capas medias. Dado que es un asunto que se presta como bombardeo al kirchnerismo, debe aclararse que los aumentos de salarios estuvieron por encima de los precios, aun para las consultoras privadas. Además, no se trata de una inflación estructural. Y tampoco es el tema que esté al tope de las preocupaciones en las mediciones de problemas. Por encima de los precios están la inseguridad, la pobreza y el desempleo/precariedad laboral. Sin embargo, vale la pena ponerse incisivo en esto, porque quienes tienen cargos de responsabilidad política –o aspiran a ocuparlos– en muchos casos se mueven a una distancia de la vida cotidiana que los puede colocar lejos de la defensa de los más pobres. Por eso resulta particularmente necesario analizar cómo se mide el costo de vida y cómo deberían adecuarse las herramientas destinadas a saber cuánto necesitan las familias trabajadoras para alimentarse, o cuántos habitantes de los conglomerados urbanos alquilan su vivienda o viven en casas precarias, o cuánto tarda un trabajador para llegar desde la periferia de la ciudad a su lugar de empleo. De allí pueden surgir datos que a los políticos en campaña los hagan saber cuánto tienen que dedicar a la retórica y a la publicidad y cuánto a las propuestas reales para solucionar cosas. Cosas como una ley de alquileres que proteja a los no propietarios, o la necesidad de tener una red de comercios administrados por el Estado o un transporte público que no tenga como habitual que el ramal Sarmiento tiene demoras de 25 minutos.
Es más, a criterio de este cronista, si se tuvieran más y mejores herramientas de diagnóstico, y más y mejor acceso a la información pública se le daría a la gente más posibilidad de tener una cuotita de poder –o de empoderarse, como se dice ahora–. Es decir, de lo que es el gusto de los argentinos: al pan pan y al vino vino. Además, en años electorales, muchos políticos podrían perder el entusiasmo por el lugar que les puede tocar en las listas de candidaturas y convertirse en genuinos representantes de colectivos. Hay que decirlo con todas las letras: en eso llevan la delantera los dirigentes sindicales. Por más defectos y por más burocracia o privilegios que tengan muchos de ellos, tienen el ejercicio de los derechos conquistados. Desde las paritarias hasta las normas de salubridad y seguridad laboral. Desde la pelea por los fondos de las obras sociales hasta escudriñar las ganancias de cada sector empresarial para saber cuáles son los niveles de rentabilidad real ante los cuales pueden pelear tajadas para sus representados. Los otros colectivos que en la Argentina tienen un valor extraordinario son los de los sectores vulnerados. Con preeminencia de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que dieron muestra, además, de una austeridad y una ternura ejemplares. Pero, para no caer en maniqueísmos, hay muchísimos ministros, gobernadores, senadores o diputados que no perdieron la humildad; es más, que la cultivan, que irradian confianza entre quienes les renuevan la confianza, tanto en sus círculos de trabajo como en los comicios a los que se presentan.

IBARÓMETRO Y PERÓN. Ignacio Ramírez, consultor de Ibarómetro, dirigió un estudio que indica lo siguiente: el 38,4% de los consultados se dice peronista; el 12%, radical; el 10,8%, socialista; el 4,9%, progresista; el 2,8%, liberal; el 2,6%, conservador; y el 28,5% de los consultados dice no tener ninguna identidad política. Alguien podría decir que, entre quienes asumen una identidad política, la mayoría absoluta elige el peronismo. Se podría agregar que esto es una constante en la Argentina desde 1945. Pero la gran virtud de Juan Perón fue no conformarse con tener la mayoría sino que definió al peronismo como una fuerza con intereses diversos y en movimiento. Eso sí, siempre quedó claro que "la columna vertebral” son los trabajadores. En segundo lugar, porque el peronismo fijaba una política de alianzas con otras expresiones políticas, ya sea para hacer pactos o bien para crear frentes y acordar espacios de gestión o de participación en las listas electorales. Los pactos y los frentes resultan efímeros, a veces terminan con crisis y peleas pero le dan un marco de contención a cada coyuntura. Sirven para limitar, un poco, los márgenes de incertidumbre.

IDENTIDAD, MEDIOS Y PODER REAL. En una suma de cocina, tosca, podría decirse que los grandes medios tienen líneas editoriales liberales y conservadoras. Eso les daría un humilde 5,4% de representación. A esta delgada franja social, habría que sumarle una parte importante del 28,5% que Ibarómetro midió como sin definición política. Conociendo un poco la historia reciente, hay que adjudicarle una parte robusta de esos puntos a los antipolíticos en el peor sentido, a los que tuvieron militancia o complicidad golpista, a los que se sintieron a gusto con la foto de Aramburu o de Videla en el despacho o la mesa de luz. Los laboratorios del mundo de los altos ejecutivos empresarios y de los llamados poderes fácticos parten de la base que tienen un tercio de la sociedad dispuestos a tolerar o vitorear cualquier delirio golpista. Cuentan, además, con los medios de comunicación que reproducen barbaridades contra las máximas autoridades de la Nación. Concretamente, La Nación y Clarín no se privan de reproducir insultos contra la presidenta. La presencia de Jorge Lanata con un discurso denigrante contra las instituciones es claramente una muestra de que hay tipos (no por una cuestión de sexo, pero hay un machismo militante también en el ataque a Cristina) dispuestos a abonar el terreno para cualquier barbaridad. Y Lanata sabe tan bien como Mariano Grondona en qué consiste el trabajo de maltratar a la democracia. La diferencia es que a Grondona todos lo ven como un dinosaurio, mientras que Lanata, para muchos cientos de miles, es un ícono: fuma aunque eso lo lleve a hacer bosta sus desgastados pulmones, exhibe un pesaje que lo pone como paciente de riesgo, insulta como si fuera un barrabrava y, cada tanto, acompaña esas conductas destructivas con unos informes periodísticos hechos con un manejo del oficio periodístico completamente envidiable. Los medios, cuando buscan personajes más destructivos que irreverentes, buscan estimular conductas que alimenten broncas y naturalicen barbaridades institucionales. Se pretende poner a Lanata como alguien que desafía el poder cuando lo que hay es una escenografía para golpear a una administración democrática. Luego, desde los comunicadores cercanos al gobierno, se arma el antilanatismo y entonces parece que la única agenda mediática sea hablar de lo buenos que son los buenos y lo malos que son los malos.
El gran problema para el llamado campo popular es que se habla mucho de la Ley de Medios y hay un olvido completo en quiénes iniciaron la campaña por la radiodifusión democrática. La idea original no era sólo que Clarín pierda una posición privilegiada. Se trataba de algo más sencillo y de mucho menos impacto mediático: que se abran canales y radios para aquellos sectores de la sociedad que, amplificando su voz, podía pelear por un cachito más de poder en la sociedad. Es decir, que los hospitales públicos puedan ser realmente públicos o que en los barrios pobres la policía no pueda proteger a los narcos locales y quedarse con la parte del león. Esas cosas simples no se miden en rating. Lo que muchos intendentes quieren cubrir poniendo cámaras en las calles lo podrían encarar con radios comunitarias asociadas a las comisiones vecinales de seguridad. Eso sí, los intendentes, en ese caso, tendrían que pelearse con muchos comisarios. Algunas veces, este cronista escribió que podrían ponerse cámaras no sólo en las calles y plazas sino también en las comisarías. No es un invento, ya se hace en infinidad de fuerzas de seguridad del mundo. Se necesita sólo que una Legislatura o un Congreso lo voten. Como una ley de alquileres o un instituto para medir costo de vida o una oficina de control de gestión y de transparencia. No está mal que se discuta sobre los jueces y sus privilegios. Son un poder. Sobre los otros poderes constitucionales, al mismo tiempo, también hay una serie de tópicos sobre los que vendría muy bien poner en cuestión.

Fuente: Tiempo Argentino