Culturas políticas

La creación del Estado nacional, en clave liberal-oligárquica, a partir de 1861, permitió consagrar la hegemonía porteña, así como también de un modelo fundado en la aplicación en el ámbito nacional de leyes, prácticas e instituciones propias de las sociedades industriales de Europa occidental y de los Estados Unidos. La copia de lo ajeno, si era europeo y occidental, constituía un factor adicional de prestigio para una oligarquía colonizada económica y mentalmente.
Expresando un provincialismo cultural sobrecogedor, la clase dirigente de la Argentina moderna no dudó en presentarse como la “joya más preciada de su Majestad Británica”, en tiempos del Pacto Roca-Runciman (1933), ni en imponer un modelo cultural hegemónico basado tanto en la imposición de instituciones y prácticas europeas, como en la supresión de formas de sociabilidad, contenidos culturales e incluso sujetos sociales alternativos (gauchos, pueblos originarios, negros, mulatos, zambos o anarquistas), llegando al extremo de pretender reemplazar la población local por inmigrantes europeos. Para llevar adelante esa empresa, apeló a una combinación entre adoctrinamiento, represión e invisibilización de las alternativas culturales y étnicas. En esta última variable, dos herramientas resultaron esenciales: la Constitución Nacional y la educación. En efecto, la Constitución de 1853 diseñó un modelo excluyente, sobre la tríada individuo, propiedad privada y representación indirecta –sufragio–, que condenó a la ilegalidad a otras opciones consagradas por la historia y por las tradiciones culturales nativas, tales como las identidades colectivas, las formas de propiedad comunitarias o la participación política directa. La escuela sarmientina, con su matriz jerárquica y su pensamiento único, cumplió a satisfacción sus objetivos de colonización mental.
En términos culturales, el adoctrinamiento recurrió a la confrontación entre civilización y barbarie. De este modo, la construcción de lo nuevo exigía la destrucción de lo precedente. Naturalmente, el pluralismo no tenía asignado ningún lugar dentro de ese proyecto hegemónico. Más aún, las prácticas políticas implementadas por unitarios y liberales remitieron necesariamente al autoritarismo: fraude, violencia, corrupción, todo valía a la hora de excluir a las mayorías bárbaras. La única democracia tolerable era la que incluía a sectores sociales urbanos, propietarios, educados y blancos. Más allá de lo que dijese la ley, los demás ni siquiera eran considerados como sujetos de derecho: “cabecitas”, “aluvión zoológico”; en síntesis, y desde su pretendida supremacía cultural y racial, “subhumanos”.
Si bien a inicios del siglo XX, la Ley Sáenz Peña (1912) favoreció el acceso del radicalismo al gobierno, lo cual significó un apreciable avance en el modelo de construcción de la república democrática, las grandes mayorías mestizas y nativas del interior quedaron al margen del proceso de inclusión social y política, que recién habría de concretarse a partir de la década de 1940, en el marco del nacimiento del peronismo. Sólo a partir de las elecciones de 1946, la democracia política incluyó efectivamente al conjunto de las clases sociales y de los espacios geográficos, y las culturas populares y telúricas adquirieron reconocimiento oficial. En efecto, con las migraciones internas de los años ’30, el folclore invadió Buenos Aires y compitió con el tango nostalgioso de los burdeles parisinos.
Esta vigencia efectiva de la democracia política y social no fue bienvenida por aquellos sectores medios y altos, que veían en ella el temido canal de reivindicación y ascenso social para humildes y “cabecitas”. Para aquellos, el peronismo paso a ser la versión moderna de la barbarie, el brutal derecho del número, la causa de la pérdida de sus antiguos privilegios. Esa lectura no era una elaboración espontánea, naturalmente, sino el sedimento del modelo sarmientino, de la cultura hegemónica dependiente y europeizante, del ideal de supremacía étnica. Sus consecuencias fueron nefastas: imposibilitados culturalmente de intentar cualquier emprendimiento político que les permitiera captar a las mayorías trabajadoras, asociaron el imperio de la soberanía popular con la demagogia y la tiranía, y proclamaron que la vigencia de la libertad y la democracia real sólo podrían conservarse custodiadas por las botas, la exclusión de las mayorías y la prohibición del nefasto partido que había reconocido la condición humana de los postergados. Sin embargo, su entusiasmo no duraba demasiado: las opciones políticas que pretendían expresarlos demostraban, en cada ocasión en que la prohibición o la crisis interna del partido popular les permitía acceder al gobierno nacional, su absoluta incapacidad siquiera para concluir su gestión.
Con esa mochila a cuestas, su presente es necesariamente cruel: a diferencia de las mayorías populares, no tienen proyecto colectivo, ni bandera, ni líderes ni mártires. Sus próceres son aquellos que recomendaban el genocidio de gauchos y de indios, que apelaban al fraude y entregaban el patrimonio de la patria. Sólo desean que no se reforme la constitución neo-liberal de 1994 para que sus privilegios no se vean perjudicados Son el sedimento y el producto más logrado de la cultura autoritaria, blanca y excluyente del liberalismo del siglo XIX.
Sin embargo, el 8N nos deja una enseñanza: los jóvenes le dieron la espalda. Ello constituye una clara señal de que las cosas están cambiando, que las mayorías celebran sus conquistas, entre ellas el derecho de los disconformes a expresarse libremente. Sólo falta que la constitución y la escuela asuman la matriz indispensable para contribuir a este tránsito.
Fuente: Miradas al Sur